El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura confirma que la Junta incumplió sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, al no activar protocolos de resolución de conflictos ni realizar evaluaciones psicosociales en el puesto de trabajo de la funcionaria demandante. Aunque no se aprecia vulneración de derechos fundamentales, sí se reconoce el daño derivado de la omisión preventiva. La Sala incrementa la indemnización por lesiones temporales a 36.295,60 €, derivadas de una baja médica de 565 días, y ordena medidas correctoras en el entorno laboral para garantizar la salud y seguridad de la trabajadora