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La Asamblea del Colegio da luz verde al presupuesto de 2026 y fija como prioridades la digitalización judicial y la mejora de la protección laboral
La Asamblea General del Colegio aprobó este jueves, 4 de junio, el presupuesto para el ejercicio de 2026, que asciende a 813.197,51 euros, unas cuentas que permitirán mantener la amplia oferta formativa y los servicios que la entidad presta a los colegiados, así como consolidar las herramientas tecnológicas y de documentación jurídica puestas a su disposición.
La Asamblea sirvió también para repasar un año especialmente intenso para la corporación. El Decano recordó el fallecimiento de su predecesora, Carmen Pleite Broseta, y de la integrante de la Junta de Gobierno, Cristina Lozano, a quienes el Colegio rindió homenaje junto a sus familias durante los actos institucionales celebrados este año.
Otro de los hitos destacados fue la gestión de las ayudas destinadas a los colegiados afectados por la DANA. Las aportaciones recibidas superaron los 120.000 euros gracias a la contribución del propio Colegio, que destinó los 50.000 euros de su fondo de reserva, así como a las donaciones canalizadas a través de la Fundación Justicia Social del Consejo General, de numerosos colegios profesionales de toda España y de particulares. Entre ellas destacó la realizada por los colegios de Barcelona, Lleida y Girona, que aportaron 30.000 euros tras cancelar sus actos institucionales del pasado año.
La Asamblea puso igualmente el foco en algunos de los principales retos que afronta la profesión. Entre ellos figuran los crecientes retrasos en los señalamientos de los Juzgados de lo Social de Valencia, la implantación efectiva del expediente judicial digital, las demoras en los expedientes tramitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la necesidad de mejorar la protección de las víctimas de accidentes laborales graves y mortales.
El Decano expresó además su preocupación por la reorganización de la jurisdicción social derivada de la implantación de la nueva Oficina Judicial y por los retrasos que siguen acumulándose tanto en los juzgados como en los servicios de mediación laboral, situación que está provocando que miles de asuntos lleguen a la vía judicial.
La Junta de Gobierno reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo formación especializada de máxima calidad, estrechar la colaboración con la Universidad para favorecer el relevo generacional en la profesión y seguir defendiendo ante las administraciones las reivindicaciones del colectivo.
Durante su intervención final, Vicente Vercher señaló cuatro objetivos prioritarios para el próximo año: reducir los retrasos en la jurisdicción social e implantar plenamente el expediente digital interoperable; mejorar la colaboración de las administraciones con los profesionales que asesoran laboralmente a empresas; agilizar la tramitación de expedientes en el INSS y reforzar la protección de las víctimas de accidentes de trabajo mediante reformas normativas que garanticen una mayor cobertura y seguridad jurídica.
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