Estimado/a compañero/a:
Como continuación al escrito que te dirigí el día 9 de enero de 2015 a través de este mismo medio, en el que te informaba sobre el malestar originado por la decisión de Gobierno de suprimir la Administración Concertada, a través de la Nueva Ley de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En ese mismo escrito te informaba sobre la Junta de Gobierno celebrada en el Colegio de Graduados Sociales de Valencia el 15 de diciembre de 2014, en la que se trató el asunto mencionado, y en la que manifestamos nuestro malestar, no solo en lo injusta de la decisión, a todas luces incoherente con una visión real del papel que ha desarrollado y sigue desarrollando nuestra profesión con respecto a la evolución que ha experimentado la Seguridad Social en nuestro país, sino también, por la forma de llevarlo a cabo, a través de una enmienda transaccionada en el Senado, sin información previa ni posibilidad o margen de negociación.
Pues bien, me consta que el Consejo General ha realizado innumerables gestiones para abordar este desagradable asunto, a la vez que convocaba un Pleno Extraordinario en Madrid el día 16 de enero, cuyo único punto del día era el análisis , planteamientos y decisiones a adoptar en cuanto a la supresión de la Administración concertada, por parte del Ministerio, adoptando provisionalmente las siguientes medidas:
– Unidad en las actuaciones de todas las Juntas de Gobierno de España y Colegios Provinciales, para focalizar mediante el Consejo General, las quejas.
– Solitud inmediata de reunión con la Ministra de Trabajo, que ya ha sido solicitada.
– Suspensión de relaciones institucionales con la TGSS, que ya se ha realizado.
– Estudio jurídico para la reversión de la norma ante su falta de definición e inseguridad jurídica desde la asesoría jurídica del Consejo General.
– Presión en el desarrollo reglamentario, para en la medida de lo posible, mitigar los efectos de esta medida.
– Remisión de comunicados a Senadores y Congresistas de cada provincia para que conozcan situación.
– Plantearlo no desde el punto de vista económico, sino como una pérdida de calidad en los servicios de la Administración del Estado alas empresas.
– Caso de no recibir respuesta, convocatoria de manifestación ante el ministerio de TODA LAS JUNTAS DE GOBIERNO.
Con todas estas medidas provisionales se pretende defender los intereses de nuestro colectivo, a fin de que se rectifique la decisión adoptada dentro del articulado de una Ley tan injusta como ineficaz.
Esperando que sea de tu interés recibe un cordial saludo.
Fdo. Ricardo Gabaldón Gabaldón