Estimadas/os compañeras/os,
Ayer miércoles 30 de julio, se celebró Pleno Extraordinario del Consejo General de Graduados Sociales convocado de forma monográfico fundamentalmente por el malestar general que ha creado la nueva operativas de resoluciones de alta, que ha molestado mucho en todas las provincias.
Mañana la comisión de Tesorería del Consejo se reúne con la DG de Tesorería a nivel Estatal.
Están saliendo en muchos medios las notas de queja.
Se han descartado al menos por el momento acciones de huelga o bloqueo con gestiones forzadas, pero se aprueba la posibilidad de recursos en vía contencioso administrativa ante normas de recaudación, la presentación de un escrito al Defensor del Pueblo, acciones conjuntas con CEV y ATA, e insistir a los grupos políticos para que pueda prosperar la PNL sobre desconexión digital ya presentada.
Hemos convenido en general el que no entendemos la utilidad del cambio en la operativa de las resoluciones de alta.
Hemos planteado la posibilidad de un acceso específico y sencillo para altas en fines de semana, la recuperación de cauces propios del principio de legalidad en los boletines RED, que deben volver a una función instrumental, estableciéndose las obligaciones legales mediante norma o reglamento, y con plazos hábiles y posibilistas para su cumplimiento.
Se ha planteado reclamar la recuperación de la administración concertada vista la situación de exigencias en aumento, e insistir en que deben cesar las notificaciones fuera de horarios laborales.
He añadido como suelo hacer que no podemos olvidar la demora en los señalamientos en los Juzgados de lo Social, la falta de adecuación actual del conjunto de procedimientos que derivan de los accidentes de trabajo muy graves y mortales, y en especial insistir en la derogación de la prohibición a la empresa para el aseguramiento del recargo de prestaciones por FMS del art. 164 LGSS y la falta de registro de los seguros de convenio.
He comentado el preocupante incremento de los procesos de IT que agotan 12 e incluso 18 meses, creo que de forma muy superior en número, con denegaciones posteriores de Incapacidad Permanente en la mayoría de los casos que generan múltiples incidencias en la reincorporación del trabajador/a, y por último la vigilancia y apoyo colectivo a las acciones contra las actas de liquidación de la totalidad de las cuotas COVID reclamadas a determinadas empresas, por analizar y considerar fraudulenta la cláusula de temporalidad en cualquiera de estos contratos de entonces.
Un cordial saludo,
Vicente Vercher Rosat
Decano